El autor, Humberto Durán Ponce de León, destaca que la formulación de un registro donde se consignen las identidades, nombres, huellas dactilares, domicilio y demás datos de agresores sexuales, constituye una opción por la cual ya han discurrido los Estados y que no debe verse como una situación de agresión a los derechos de los condenados, pues los datos estadísticos reflejan una alta tasa de reiteración, por lo que la sociedad tiene el derecho de conocer si en su entorno existe un sujeto involucrado en este tipo de delitos.